Colombia: 1.300 ejecuciones extrajudiciales bajo gobierno de Uribe (informe)
Cerca de 1.300 colombianos han sido ejecutados de forma extrajudicial en su país desde 2002, año en que asumió la presidencia Alvaro Uribe, señala un informe publicado el miércoles por un colectivo de ONG que responsabilizan al Ejército de cometer la mayoría de estos crímenes.
"Los últimos 18 meses transcurridos entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública", señaló el informe preparado por la Misión Internacional de Observación.
Dicha comisión -conformada por un centenar de organismos no gubernamentales de derechos humanos- denunció que "en el último quinquenio se ha constatado un considerable aumento en registros de ejecuciones extrajudiciales, lapso que coincide con la aplicación de la política de seguridad democrática promovida por el actual gobierno (de Uribe).
"Entre julio de 2002 -un mes antes de la posesión de Uribe- y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002 (gobierno de Andrés Pastrana)", precisó.
El informe señala también que de los 535 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados en Colombia desde enero de 2007 por los miembros de la comisión, la mayoría se han cometido en los departamentos de Norte de Santander (norte) y Antioquia (noroeste).
"Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia" -un plan de lucha contra las drogas y las guerrillas izquierdistas financiado por Washington-, precisó el informe.
El informe coincide con la decisión de Uribe de retirar a 27 miembros del Ejército, incluyendo 3 generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de la ONU, Navi Pillay.